El sector empresarial en la política europea de desarrollo: sigue el debate
Artículo analizando las principales claves de la nueva comunicación de la Comisión Europea sobre el papel del sector privado en su política de desarrollo, por Jose Manuel Gómez, del Área de Empresa de ONGAWA.
El pasado mayo la Comisión Europea dio un nuevo impulso a la participación del sector empresarial en su política de desarrollo. El comisario de desarrollo, Andris Piebalgs, presentó la nueva comunicación – Reforzar el papel del sector privado para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible en los países en desarrollo -, que establece un nuevo marco estratégico para fortalecer el rol de las empresas en la ayuda europea. y destacó que el documento es importante para asegurar que las empresas encuentran un entorno favorable para invertir más, y más responsablemente, en países en desarrollo, y ayudar a que la gente pueda beneficiarse de las oportunidades económicas que el sector privado genera.
La Comisión plantea aprovechar el potencial de las empresas locales para crear empleo y oportunidades, y abrir nuevas vías para que el sector privado contribuya a la lucha contra la pobreza. El documento también propone acciones y herramientas para que las empresas incorporen los resultados de desarrollo en su core business, junto a objetivos comerciales y financieros.
La comunicación supone una buena noticia en la medida en que aclara un campo de juego en el que con frecuencia los debates tienden al ruido y la confusión. Establece principios estratégicos como la prioridad de la creación de empleo y la reducción de la pobreza, la necesaria adaptación a la diversidad de contextos y actores, o la generación de oportunidades a través de soluciones de mercado. Entre otras, se establece una línea de acción para apoyar modelos empresariales inclusivos e innovadores, promoviendo el uso compartido de capacidades y aprovechando el capital de conocimiento generado por programas como el develoPPP alemán o el de Sector Privado y Desarrollo de la Agencia Sueca de Cooperación (SIDA).
Además la Comisión pone el foco en asuntos fundamentales para el desarrollo de muchos países como la incorporación del sector informal y el apoyo a pequeñas y medianas empresas locales, y fija los criterios que deben regir el apoyo europeo al sector privado: eficacia, mensurabilidad de los resultados, adicionalidad, neutralidad, intereses compartidos y respecto a estándares sociales, ambientales y fiscales.
Sin embargo este campo de juego delimitado por la Comisión mantiene importantes zonas de sombra, que las ONG de Desarrollo europeas señalan como interrogantes y riesgos sin resolver. En el plano estratégico, llama la atención de organizaciones como la European Network on Debt and Development (Eurodad) el poco peso relativo que los principios de apropiación y alineación con las políticas nacionales – claves en los consensos de la Agenda Internacional de Eficacia, y fundamento de la legitimidad de las políticas de ayuda – tienen en el documento. Este sesgo da lugar a algunas dudas sobre las garantías de que los criterios para asignar los fondos de ayuda europeos canalizados hacia el sector privado respondan a las prioridades de desarrollo de los países y, finalmente, a los problemas más urgentes de sus ciudadanos.
Otro riesgo en el que coinciden organizaciones como Oxfam o Concord, la red europea de ONGD, tiene que ver con mecanismos como el blending o las alianzas público privadas, priorizados por la Comisión Europea. Estos instrumentos son útiles para afrontar problemas de desarrollo, pero su eficacia depende de factores muy variados y – como sugieren recientes informes del Parlamento Europeo y de la propia GTZ – no puede darse por supuesta en todos los contextos y sectores.
Por otra parte, aunque el documento reconoce como principio la necesidad de asumir un enfoque diferenciado para el sector privado, atendiendo a la diversidad de niveles, sectores y casos, en algunos ámbitos se detecta cierta ambigüedad por parte de la Comisión sobre el rol del sector privado local y el de la inversión extranjera. Concord y otras organizaciones valoran, por ejemplo, el peso que se asigna a la capacidad de las mujeres y los jóvenes para crear valor como emprendedores locales, pero también cuestionan que se promueva la participación empresarial en sectores como la agricultura o los servicios sociales básicos, abriendo la puerta a la inversión extranjera en territorios clave para el bienestar y los derechos humanos.
Estas zonas de sombra que el documento no termina de iluminar convergen finalmente en la cuestión central de la validez del eje automático que une inversión extranjera, crecimiento económico, creación de empleo y, finalmente, desarrollo. Como señala Concord, este vínculo no puede darse por sentado y al hacerlo – como el propio título del documento sugiere – se corre el riesgo de que objetivos comerciales y financieros desplacen de la agenda los derechos de las personas y los bienes públicos.
Casi nadie discute el importante rol que el sector empresarial puede jugar en todas las dimensiones de la lucha contra la pobreza, y sin duda la apuesta europea en este sentido es clara y sólida – en la última década la Comisión ha invertido 350 millones de euros al año para apoyar el desarrollo del sector privado -. Pero las alertas sobre el peligro de aproximar la agenda de desarrollo a la comercial están justificadas, y es necesario que el apoyo a empresas con fondos e instrumentos de la ayuda europea asegure tanto su eficacia en términos de lucha contra la pobreza como la prioridad de los derechos humanos y el desarrollo sostenible. El crecimiento y la creación de empleo no son suficientes.