EPU Nicaragua: no se olviden del Derecho Humano al Agua
Entre el 7 y el 9 de mayo, el Consejo de Derechos Humanos realizó el Examen Periódico Universal (EPU) de la República de Nicaragua. El EPU es un mecanismo de dicho Consejo mediante el cual éste vigila regularmente el cumplimiento por cada uno de los 192 Estados miembros de la ONU de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos. Para ello tiene en cuenta información recopilada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otra información proporcionada por otros interlocutores, entre los que se encuentra la sociedad civil.
Durante estos días, tanto el examen como la atención mediática en Nicaragua se han centrado en los derechos civiles y políticos, los conocidos como de primera generación, girando el debate en torno a la libertad de expresión, el pluralismo de los medios de comunicación, la independencia de los poderes del Estado o la violencia contra las mujeres y la niñez.
Sin duda temas de gran relevancia que requieren de atención por parte del Estado nicaragüense. No obstante, para una organización de desarrollo como ONGAWA el Examen debería haber prestado una mayor atención sobre los derechos de segunda (económicos, sociales y culturales) y de tercera generación (derecho al desarrollo y un medio ambiente sano, por ejemplo), especialmente en lo que respecta al Derecho Humano al Agua. Recordemos que en julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente los derechos humanos al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los Derechos Humanos.
En este sentido, los datos de Nicaragua muestran que ha habido un considerable avance en este asunto, en línea con lo establecido en la recomendación 54 del EPU 2010 relativa al Derecho Humano al Agua y Saneamiento, aunque es urgente que el Estado vigile la realización progresiva de estos derechos, dando prioridad a la eliminación de discriminaciones que afectan especialmente a las zonas rurales donde la cobertura activa de agua potable es sólo del 33,5% y la de saneamiento del 42,6%, según datos del propio Gobierno recogidos en el Plan Nacional de Desarrollo Humano 2012 – 2016.
Es necesario, por tanto, incrementar los esfuerzos para garantizar la cobertura específica en las zonas rurales, invirtiendo en la sostenibilidad de la gestión comunitaria y municipal del agua y el saneamiento, colaborando desde el Gobierno al reto de la accesibilidad económica para estas poblaciones y apoyando a los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) y a los gobiernos municipales, entidades ambas con gran responsabilidad en la garantía de este Derecho Humano según establece la legislación del país.
En este sentido, destacamos la intervención de la Embajadora de España durante el EPU donde indicó que “en línea con la recomendación ya efectuada en el primer ciclo, España recomienda a Nicaragua continuar la supervisión de la garantía del ejercicio del Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento respetando el principio de no discriminación, prestando atención específica hacia las comunidades rurales, hacia los colectivos vulnerables y apoyando a los Comités de Agua Potable y Saneamiento, así como a los gobiernos municipales”. Finalmente, esta recomendación de España fue aceptada por Nicaragua como puede verse en el Draft report of the working Group on the Universal Periodic Review. Nicaraga.
No obstante, recordamos al Gobierno de España que la resolución mediante la que la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció los derechos al agua y al saneamiento también exhortaban a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos, por lo que hacemos un llamamiento al Estado español para que incremente su compromiso con la erradicación de la pobreza incrementando los fondos destinados a Ayuda Oficial al Desarrollo.