Es posible una política pública de Cooperación de calidad, solidaria y participativa en el marco de las políticas sociales.

 Resolución de la XXXI Asamblea General de la Coordinadora de ONGD ESPAÑA

Reunidas en Asamblea, casi 90 ONGD y 17 Coordinadoras Autonómicas de ONGD, que en total agrupamos a más de 400 organizaciones no gubernamentales para el desarrollo,

CONSIDERANDO:

•    Que la cooperación internacional para el desarrollo es una política eficaz en la lucha contra la pobreza en la medida en que afronta tanto las causas que generan pobreza y exclusión como las consecuencias.
•    Que se han conseguido avances significativos en la reducción de los niveles de pobreza extrema en todo el mundo, en la lucha contra la mortalidad infantil, en el acceso a la educación primaria, en el acceso a agua potable y  en el avance en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres, entre otros.

•    Que en los últimos años estamos asistiendo a un desmantelamiento de las políticas públicas de solidaridad y cooperación, y otras políticas sociales, bajo el argumento de “cumplir con la normativa en materia de estabilidad presupuestaria y déficit público”, afectando directamente a las personas más vulnerables, tanto en nuestro país como en los países en los que la cooperación española trabaja.
•    Que desde 2010 la cooperación española,  ha sufrido un recorte presupuestario de casi el 60% que sitúa la Ayuda Oficial al Desarrollo Española (AOD) en el 0.20% de la Renta Nacional (RNB), a niveles de 1990 y a la cola de los países donantes europeos. Recorte absolutamente desproporcionado respecto del resto de políticas públicas.
•    Que la cooperación autonómica y local ha visto reducidos sus fondos desde 2009 en un 70% y su supervivencia está seriamente amenazada con el  desarrollo de la reforma de ley de régimen local.
•    Que el Plan Director 2013-2016 de la cooperación española marca un cambio de rumbo que hace temer un evidente riesgo de instrumentalización de la ayuda al servicio de otros fines e inte  e intereses de la acción política y económica de España en el exterior.

MANIFESTAMOS QUE:

•    Acabar con la pobreza y la exclusión es posible y es una obligación ética y política para el cumplimiento de los Derechos Humanos, que corresponde a todos los niveles de gobierno y a la ciudadanía en general.
•    Nuestro bienestar y seguridad están relacionados de manera real y directa con el futuro del resto de países, pues los esfuerzos en el ámbito local tienen repercusión a escala global y viceversa.
•    La política de recortes está causando más pobreza en nuestro país y agravando la situación de millones de personas en otros países, en temas tan importantes como la salud, la educación y la alimentación.
•    Se está produciendo un retroceso de más de 20 años de derechos como los laborales, de salud, educación y acceso a una vivienda digna, entre otros, aquí en nuestro país y se están abandonando los esfuerzos y logros realizados también en todos estos años para que millones de personas de países empobrecidos tuvieran acceso a esos derechos.
•    Existe una gran preocupación por la corrupción y el desvío de fondos de cooperación por parte de ciertos responsables políticos para su beneficio, en detrimento de las personas más pobres y del trabajo y el compromiso de las ONGD en la lucha contra la pobreza.

DEMANDAMOS AL GOBIERNO ESPAÑOL Y AL CONJUNTO DE GOBIERNOS AUTONOMICOS Y LOCALES:

•    Que se promuevan una política de desarrollo y cooperación integral, que priorice los  procesos de desarrollo y que integre el conjunto de políticas públicas –migratorias, comerciales, financieras- que afectan a la lucha contra la pobreza.
•    Que se reconozca el papel de las Organizaciones de la Sociedad Civil como actores relevantes de desarrollo, favoreciendo el ejercicio de sus roles como interlocutoras con las sociedades de países empobrecidos, ejecutoras de programas y proyectos, en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas públicas de desarrollo, agentes de educación para el desarrollo en nuestra sociedad, etc.
•    Que se paralicen los recortes en políticas de cooperación y se paguen las deudas contraídas con los proyectos de cooperación aprobados hace años y aún no desembolsados.
•    Que aumenten los medios y el esfuerzo para la lucha contra la corrupción vinculada a fondos de cooperación, y se  depuren responsabilidades políticas, evitando la confusión y el desprestigio que generan sobre la Cooperación al Desarrollo.
•    Que se establezca una hoja de ruta hacia el compromiso del 0.7 %, que concrete para los próximos 3 años el incremento de la Ayuda Oficial al Desarrollo para alcanzar al menos los niveles del año 2008.
•    Que se obtengan  ingresos fiscales a partir de otras medidas más justas:

o    una fiscalidad progresiva que grave a los que más tienen
o    la lucha contra el fraude fiscal
o    la lucha contra la corrupción
o    eliminación de los paraísos fiscales
o    la implementación de una tasa a las transacciones financieras y su dedicación a las políticas sociales en nuestro país y a la cooperación con los países empobrecidos.

•    Que todas las políticas públicas sean coherentes con el compromiso español de luchar contra la pobreza en el mundo y contra sus causas.