Exigimos el freno a la especulación de las materias primas
La Plataforma Rural, la campaña “Derecho a la Alimentación. Urgente” y la Coordinadora ONGD – España se han reunido con representantes del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación para hacerles llegar sus preocupaciones ante la reunión del Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) de la FAO, que se celebra en Roma del 17 al 22 de octubre, en la que se están debatiendo cuestiones como la tenencia de la tierra, la inversión agrícola y medidas para frenar la volatilidad de los precios de los alimentos.
Las citadas organizaciones y plataformas plantean que:
- Ante la elevada volatilidad de los precios, considerada una de las causas principales de la crisis alimentaria, el gobierno español debe defender inequívocamente la eliminación de prácticas especulativas en los mercados de materias primas alimentarias mediante el refuerzo de la transparencia y, sobre todo, de marcos regulatorios internacionales.
- El gobierno español debe impulsar la aprobación de las “Directrices voluntarias sobre gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques” consensuadas en el CSA. Además de las directrices, deberá defender un marco que substituya a los Principios de Inversión Responsable en Agricultura (RAI) promovidos por Banco Mundial, FAO, FIDA y UNCTAD, porque no prevén ningún mecanismo de control y corren el riesgo de legitimar prácticas dañinas vinculadas a inversiones a gran escala.
- El CSA deber ser el principal marco internacional para la negociación y adopción de políticas agrícolas y alimentarias con enfoque de derechos humanos, al que deberían remitirse el G20 y cualquier otra institución. Consideramos que es la única forma de que sean integradas las necesidades de los productores rurales a pequeña escala y en especial de las mujeres del ámbito rural.
- Las organizaciones firmantes instan a la administración española a que se comprometa política y económicamente con el CSA y piden que se formalice el espacio de diálogo entre la sociedad civil y la administración española, al igual que en otros países.
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