Gestión pública o privada del agua: no da igual

Artículo de María del Mar Rivero, responsable de incidencia sobre derechos humanos al agua y al saneamiento en ONGAWA.


¿Es lo mismo una prestación pública o privada de los servicios de agua y saneamiento en lo que se refiere a proteger los derechos humanos? Según Leo Heller, Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, la respuesta es categóricamente no.

Según el Informe que acaba de presentar ante la Asamblea General de NNUU existen riesgos específicos asociados a la privatización de estos servicios a la hora de garantizar los derechos humanos. Para llegar a esta conclusión, el Relator Especial ha llevado a cabo durante los últimos meses investigaciones y consultas públicas presenciales y online a expertos del sector del ámbito jurídico, normativo, técnico y de gestión en todo el mundo. Así ha reunido evidencias de casos de vulneración de estos derechos humanos vinculados a la titularidad privada del servicio, en donde se incluyen las empresas multinacionales y nacionales y las empresas públicas con una proporción importante de acciones propiedad de inversores privados.

ONGAWA apoyó activamente la realización de la consulta pública internacional organizada por el Relator Especial para documentar y contextualizar este tema difundiendo su contenido y promoviendo la participación en todo el mundo. Además, organizó junto el propio Relator Especial, una mesa de expertos y expertas en Madrid en diciembre de 2019, con el apoyo de la Oficina de Derechos Humanos del MAEC. Como resultado, fueron muchos los actores españoles que se implicaron activamente en dicha consulta, suponiendo más del 70% de las aportaciones recibidas. Todas las aportaciones son públicas en la web oficial de la Relatoría

Los riesgos particulares de un servicio gestionado por entidades privadas surgen, según el informe, de la combinación de 3 factores: la maximización de los beneficios, el monopolio natural que caracteriza el suministro de agua y saneamiento y los desequilibrios de poder El informe analiza estos riesgos en relación a aspectos clave de los derechos al agua y al saneamiento como la asequibilidad y la sostenibilidad del servicio, la obligación de los Estados de usar el máximo de los recursos disponibles para garantizar el derecho, la rendición de cuentas y la participación, bajo el principio de no dejar a nadie atrás.

Así, el objetivo de maximización del beneficio que caracteriza al sector privado no siempre converge con los objetivos de realización del derecho al agua. Aunque en contextos determinados puede suponer un incentivo para aumentar la eficiencia y mejorar el servicio, esta práctica muestra un impacto negativo en las inversiones en mantenimiento (más evidente cuando se acerca la finalización de los contratos de concesión) y en la extensión de los servicios, especialmente para las poblaciones desatendidas de pocos recursos. Esto se debe a que, a menudo, los ingresos excedentarios de la prestación de servicios no se reinvierten en el sector, sino que se distribuyen casi en su totalidad entre los propietarios o accionistas de empresas privadas en forma de beneficios y dividendos.

También el carácter de monopolio natural de la gestión del agua y el saneamiento supone riesgos, ya que la falta de competencia facilita la captura del servicio por parte de un proveedor y dificulta la protección de los derechos de los usuarios por parte de las administraciones públicas.

En tercer lugar, el desequilibrio de poder afecta transversalmente a la tensión entre los intereses privados y la realización de los derechos humanos al agua y al saneamiento. En muchos contextos es común que las capacidades técnicas y financieras de las administraciones públicas locales responsables de la elaboración de los contratos de concesión y la regulación del servicio sean débiles y, por tanto, la negociación con proveedores privados esté condicionada por profundas asimetrías de poder. Las empresas transnacionales cuentan además con una capacidad para influir sobre los foros nacionales y globales de discusión mucho mayor que las administraciones y las comunidades locales.

Las conclusiones del Informe impugnan la neutralidad sobre el tipo de gestión – pública o privada – respecto a la realización de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Al poner sobre la mesa los riesgos específicos para estos derechos asociados a la gestión privada de los servicios, el informe obliga a Estados y Organismos Internacionales a tenerlos en cuenta en sus decisiones, y establece una completa serie de recomendaciones para hacerlo eficazmente.

El informe supone un punto de inflexión en el debate sobre la gestión de los servicios de agua de enormes consecuencias políticas. Si los procesos de privatización de las últimas tres décadas se han enmarcado en un contexto global dominado por paradigmas económicos y políticos que priorizaban el papel del mercado frente al de los Estados, el informe del Relator apuntala un cambio de tendencia expresado en los más de 300 casos de “desprivatizaciones” que se han dado en todo el mundo desde el año 2.000. 

Las reacciones sin precedentes que han acompañado la presentación del Informe a la Asamblea General de Naciones Unidas no hacen sino confirmar la profundidad política de dicha inflexión. Aquafed, la federación internacional de operadores privados de agua, cuestionó el enfoque del informe desde las primeras fases de su elaboración y llegó a enviar sendas cartas a la presidenta del Consejo de Derechos Humanos y a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos cuestionando tanto la validez del Informe como la propia legitimidad del trabajo del Relator.

La respuesta a estos ataques ha sido también contundente. Más de 100 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo apoyaron en una carta el trabajo y el informe del Relator, y seis expertos independientes de la ONU, actuales y ex Relatores Especiales de Derechos Humanos, firmaron una declaración conjunta contra la mercantilización de los servicios públicos.

El informe sobre privatización fue el último del mandato de Leo Heller como Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos al Agua y al Saneamiento. Desde noviembre ha asumido sus funciones como nuevo Relator Especial el español Pedro Arrojo, que también tiene entre sus prioridades “prevenir, desde la participación ciudadana y la transparencia, los riesgos para estos derechos humanos derivados de hacer del agua un negocio”. Para hacerlo, cuenta también con el apoyo de la sociedad civil, porque priorizar los derechos y los bienes públicos frente a intereses privados no es una cuestión de sesgos ideológicos sino una consecuencia del marco de Derechos Humanos.

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