Saneamiento: el derecho que ya no puede esperar
Hace seis años comenzó el mandato de Pedro Arrojo-Agudo como Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Desde ONGAWA asumimos aquel nombramiento como una oportunidad de incidencia, poniendo a su servicio la experiencia acumulada durante décadas de trabajo con población vulnerable en América Latina y África.
Participamos entonces en una sesión estratégica junto a otras organizaciones y la academia, con el objetivo de identificar las prioridades temáticas que debían abordar sus informes oficiales. Ya en aquel espacio defendimos la necesidad de dedicar un informe monográfico al saneamiento, un tema históricamente relegado en las agendas políticas pese a que esa omisión compromete el ODS 6.2 y vulnera de forma sistemática derechos como la salud, la educación o la igualdad de género.
El pasado lunes, durante el 63º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, el Relator Especial ha presentado oficialmente ese informe. Dos días después lo ha compartido también en un evento paralelo organizado por los gobiernos de España y Alemania junto a ONGAWA y otras organizaciones, donde hemos tenido ocasión de profundizar en sus claves principales.
El documento parte de una concepción holística del saneamiento: no se limita al acceso a una instalación, sino que abarca la recolección, el transporte, el tratamiento y la reutilización de las excretas, así como las prácticas de higiene. Esto tiene una implicación política clara: la obligación de los Estados no termina cuando se construye un retrete, sino que se extiende a la gobernanza y la sostenibilidad de todo el ciclo.
El concepto que vertebra el informe es el de «prioridad pública». El Relator señala que erradicar la defecación al aire libre debe ser una prioridad política inapelable, por tratarse de una de las vulneraciones más graves a la dignidad humana, y que los Estados deben asumir responsabilidad jurídica, regulatoria y financiera, priorizando a las comunidades rurales y a los sectores en situación de mayor exclusión. El informe vincula además el saneamiento con la salud pública y la sostenibilidad ambiental: una gestión deficiente de los residuos humanos propaga epidemias y degrada los ecosistemas acuáticos, comprometiendo a su vez la disponibilidad de agua segura.
Uno de los apartados de mayor calado político es el dedicado a la financiación. El Relator denuncia la falta de prioridad presupuestaria para garantizar este derecho y propone la creación de plataformas financieras públicas que articulen los fondos disponibles, complementadas con crédito de la banca multilateral y mercados de capitales gestionados bajo la estricta lógica de los derechos humanos. El informe advierte explícitamente contra la privatización y la mercantilización del sector: la inversión debe regirse por el interés público y la justicia social, no por la lógica especulativa de las corporaciones financieras. Para ello son necesarios marcos normativos estables y compromisos presupuestarios a largo plazo que garanticen no solo el acceso, sino también el mantenimiento de los servicios.
El texto tampoco elude la dimensión laboral: denuncia que un saneamiento seguro no puede sostenerse sobre la explotación de trabajadores que, en muchas regiones del mundo, se ven obligados al vaciado manual de letrinas sin protección, bajo condiciones que perpetúan la discriminación estructural y la exclusión por castas.
Un elemento central del informe es la cuestión de género. La ausencia de instalaciones seguras afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas, agravando la pobreza menstrual: millones de personas que menstrúan ven comprometidas su salud y seguridad por falta de acceso a productos de higiene e instalaciones dignas. Romper el tabú asociado a la menstruación y reconocerla como lo que es, una necesidad biológica, es también una obligación política.
En el evento paralelo, nuestra compañera Khady Samb ha presentado la experiencia de las tontines del norte de Senegal, grupos de microcrédito autogestionados por mujeres que financian sistemas de saneamiento familiar culturalmente aceptables, con el acompañamiento técnico de ONGAWA. Es una experiencia que merece visibilizarse, pero que no debe interpretarse como una solución que traslada la responsabilidad del saneamiento a las mujeres en situación de vulnerabilidad. La resiliencia comunitaria frente a la falta de apoyo no exime al Estado de sus obligaciones: ni los gobiernos ni las administraciones locales pueden confinar el saneamiento a la esfera privada y familiar. Supervisar, regular y financiar sigue siendo un deber estatal.
Nuestro reciente estatus consultivo ante ECOSOC nos permite seguir llevando la voz de las comunidades rurales hasta los espacios donde se toman las decisiones. Seguiremos trabajando para que los compromisos del derecho internacional se traduzcan en políticas públicas vinculantes y en presupuestos estatales reales, porque esta sigue siendo una deuda política impostergable.