Saneamiento por derecho

La caca,

por un tubo

¡Ya está aquí! ¡Anda suelta! ¡Peligro!

Este 19 de noviembre,
Día Mundial del Saneamiento, tenemos
que hablar alto y claro de la caca.
¿Sabes cómo afecta a los derechos
humanos en todo el planeta?

%

de la población mundial

no tienen acceso a saneamiento seguro -4.500 millones de personas-

mil muertes al año

por enfermedades causadas por falta de saneamiento seguro

millones de personas

no tienen otra que practicar la defecación al aire libre

El 19 de noviembre es el Día Mundial del Saneamiento y, al menos por un día, toca hablar de caca. Puede que haya temas de conversación más apetecibles, pero pocos más importantes para la salud de miles de millones de personas en el mundo.

El saneamiento es un derecho humano contemplado por Naciones Unidas, y un compromiso asumido por todos los países en la Agenda de Desarrollo Sostenible para 2030. Su meta 6.2 es lograr el acceso universal al saneamiento y la higiene adecuados y poner fin a la defecación al aire libre.

No contar con un saneamiento adecuado conlleva tremendas consecuencias sobre la dignidad y la seguridad de millones de personas, especialmente mujeres, niñas y niños, así como graves efectos sobre la salud, la educación y el desarrollo de actividades productivas, limitando drásticamente sus oportunidades para salir de la pobreza.

Al ritmo actual de inversión la meta de acceso universal al saneamiento no se alcanzará hasta el año 2107

Resolver este problema global y cumplir con el compromiso de lograr el acceso universal al saneamiento para 2030 exige aumentar la contribución de todos los actores, especialmente por parte de los países ricos. Según el Banco Mundial hacen falta para ello 114.000 millones de dólares anuales.

La Cooperación Española tiene que renovar su compromiso con los derechos al agua y al saneamiento, enmarcándolo en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y orientándolo a las regiones y colectivos más vulnerables.

Es vital que se ejecute toda la financiación comprometida para la ejecución del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina desde un enfoque basado en los derecho humanos.

Para la próxima década, deben implementarse 1000 millones de euros en programas de agua, saneamiento e higiene, priorizando las regiones y colectivos más vulnerables, como África Subsahariana.

Hay que fortalecer las capacidades institucionales de la cooperación española para asegurar la adecuada incorporación transversal del enfoque de derechos humanos al agua y al saneamiento, y la priorización de los grupos más vulnerables.

#lacacaporuntubo

¡Participa en las redes sociales!

Da un toque a los implicados

  1. Escribe una entrada en redes sociales mencionando a actores e instituciones de la Cooperación Española. Tenemos que recordarles que el problema de la caca sigue ahí.
  2. Simplemente basta con mandarles los iconos de la caca sonriente que quieras.
  3. Eso sí, no olvides mencionar la etiqueta de la campaña, #lacacaporuntubo, y el dominio de este sitio web.

Aquí tienes un ejemplo:

@AECID _es, #lacacaporuntubo www.saneamientoporderecho.org
💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩

 

Graba tu mensaje y difúndelo

Te pedimos hacer algo de teatro. Anímate, tu sólo o acompañado, a grabarte y enviar el resultado a las redes. Si le pones algo de imaginación, mejor. Ayúdate a meterte en el papel con un sombrero del oeste, con un casco y pinturas guerra o con unos guantes y una mascarilla… Aquí tienes un breve guión como base sobre la que desplegar tu creatividad:

  • ¡Peligro! Anda suelta y causa millones de muertes y enfermedades. Así que…”
  • «La caca, por un tubo» (muestra a cámara la gráfica de la campaña ya sea en tu móvil, tablet o en papel).
Aquí tienes algunos ejemplos
  • Menciona alguno de los mensajes de la campaña. Por ejemplo: “Desde ONGAWA reclamamos que, durante la próxima década, se inviertan 1.000 millones de euros en los programas de agua y saneamiento,  priorizando las regiones más vulnerables como África Subsahariana.”
  • Despídite,  si quires. animando a participar y a que se visite esta web.

Cuando lo tengas listo publícalo con el hashtag #lacacaporuntubo.

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Nuestras noticias sobre agua y saneamiento

Higiene menstrual: un asunto de Derechos Humanos

Higiene menstrual: un asunto de Derechos Humanos

Cada día 800 millones de mujeres están menstruando en el mundo. A pesar de que la menstruación es un proceso biológico natural, los tabúes que caen sobre ella en muchas sociedades del mundo hacen que millones de mujeres y niñas sean discriminadas y excluidas.

La falta de agua, medios e instalaciones adecuados para la higiene menstrual supone una vulneración de derechos para mujeres y niñas, y tiene consecuencias directas sobre su salud, su educación y sus oportunidades laborales.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF definen una adecuada gestión de la higiene menstrual (GHM) como aquella que permite a mujeres y niñas “utilizar material para la higiene menstrual limpio, que absorba o recoja la sangre y pueda ser cambiado en privado durante el período de menstruación, utilizando agua y jabón para higienizar el cuerpo, y teniendo acceso a instalaciones para disponer del material ya utilizado” (WASH United Girls, 2015).

Mentruación y escuelas: niñas que no pueden ir a clase

Menos de 1/3 de las escuelas de todo el mundo tienen aseos, y eso significa para las niñas que menstrúan la imposibilidad de disponer de medios para la higiene en su centro educativo. Junto a la importancia de tabúes y estigmas sobre la menstruación en muchas sociedades, esta falta de acceso a medios de higiene menstrual es la causa principal de absentismo escolar en las niñas, que pierden cuatro o cinco días de clase cada mes (Joint Monitoring Program, 2018).

No contar con una higiene menstrual adecuada no solo afecta por tanto a la salud de las niñas, sino que condiciona directamente sus trayectorias personales y profesionales futuras. Acumular absentismo y retrasos en el aprendizaje perjudica su rendimiento educativo respecto a sus iguales masculinos, y conduce en muchos casos al abandono escolar y al matrimonio temprano.

Empoderamiento de mujeres y niñas en Tanzania para romper el tabú

El proyecto que ONGAWA lleva a cabo con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y de la Junta de Castilla y Léon en las zonas rurales de los distritos de Same y Muheza, en el norte de Tanzania, persigue situar a las mujeres y sus necesidades y demandas en el centro de la gestión comunitaria del agua.

  • Se promueve la participación de las mujeres en los Comités de Gestión Comunitaria de Agua y Saneamiento (COWSO, por sus siglas en inglés) para que sus demandas y necesidades relacionadas con el agua, la higiene y el saneamiento sean atendidas.
  • En todas las comunidades se lleva a cabo un programa de higiene menstrual orientado a romper el tabú cultural dominante sobre la menstruación, primer paso para que las mujeres y las niñas puedan contar con instalaciones y medios adecuados para su higiene.
  • Se están construyendo espacios escolares para la higiene menstrual en las 13 escuelas de la zona de intervención. Además se ha realizado un diagnóstico de conocimientos, actitudes y prácticas sobre higiene menstrual en las escuelas, y se han elaborado unas directrices para su incorporación eficaz.

El agua en Wall Street: un tema no solo para economistas

El agua en Wall Street: un tema no solo para economistas

Diversos medios de comunicación se han hecho eco recientemente de la cotización del agua en el mercado de futuros de Wall Street. Es un tema del que no solo deberían hablar economistas, sino cualquier persona con interés en el sector del agua, así que intentemos reflexionar sobre el tema.

El agua de la que hablamos

Creo importante que recordemos cuál es el elemento que está en la base de este debate: el agua, imprescindible para garantizar la subsistencia humana y la de los ecosistemas, además de un recurso fundamental para posibilitar un desarrollo socioeconómico sostenible.

Al ser esencial, insustituible, limitada y frágil debe ser considerada, por encima de todo, como un bien común de dominio público, siendo así recogido en legislación nacional e internacional, y su reconocimiento como derecho humano por Naciones Unidas subraya su papel primordial para el bienestar de las personas y también para asegurar otros derechos humanos como la alimentación o la salud. Ello implica indiscutiblemente que debe protegerse local y globalmente, para asegurar su disponibilidad actual y futura y una distribución equitativa bajo un control democrático.

También es incuestionable que el agua es un recurso necesario para muchos usos relacionados con el desarrollo económico, como la producción de energía, la agricultura, la industria o el turismo, en donde el agua adquiere un innegable valor económico.

Pero que el agua tenga usos privativos para fines económicos no significa que esta deba ser considerada como una mercancía sometida a vaivenes de mercado con fuertes componentes especulativos, ni tampoco implica que la racionalidad del mercado sea la más apropiada para gestionarla o que los principios y valores éticos, incluida la sostenibilidad económica, social y ambiental, no tengan que ser tenidos en cuenta a la hora de valorar, planificar y distribuir este recurso.

¿Qué es esto de que cotice en bolsa?

Estamos hablando de una herramienta financiera como los mercados de futuros, en donde ya cotizan productos como el oro o el petróleo o bienes de primera necesidad como la soja o el trigo (después volveremos a esto).

En un contrato de futuros dos partes (la vendedora y la compradora) acuerdan el precio y la fecha futura de compra de una cantidad de esos productos.

En este caso, es preciso destacar que no es el agua lo que ha salido a Bolsa, sino los derechos de uso de la misma, y esto supone una diferencia respecto a otros mercados de futuros de bienes en los que sí se intercambian esos productos.

Aquí hablamos de derechos de uso del agua, lo que en cierta manera no es algo nuevo, pues es habitual que las administraciones públicas concedan derechos de uso de la misma a través de diversas modalidades administrativas como concesiones o licencias de uso o vertido, y en estos casos dichas administraciones públicas, como titulares de obligaciones bajo el marco de derechos humanos, deben velar para que se proteja y respete el derecho humano al agua. Pero si bien no es nuevo que se intercambien/compren derechos de uso del agua, sí es nuevo que se efectúe a través de un instrumento de mercado con fuertes componentes especulativas como los mercados de futuros.

Las ventajas teóricas y los inconvenientes

Hay economistas que sugieren que esto ayudará a que se utilice el agua de manera más eficiente, y a que se gestionen mejor los riesgos frente a la escasez de agua o el aumento de precios, pero ¿queremos que algunos aspectos de la gestión del agua dependan de mercados que se sabe que no siempre funcionan como en teoría deberían?

Por ejemplo, teóricamente una agricultora podría adquirir derechos de uso del agua para el momento en el que necesite regar su cosecha, y podría protegerse frente a un posible aumento del precio futuro invirtiendo actualmente en derechos de uso del agua para cubrir el sobreprecio. Además, si ella comprueba que los precios de los contratos de futuros son muy superiores al precio actual del agua, podría interpretar que se espera que la demanda futura será superior a la oferta y le convendría invertir en mejoras para bajar el consumo del agua. Y surge una duda evidente: ¿todo el mundo se encuentra en igualdad de condiciones para acceder a estos mercados de futuros? Porque claramente serían las grandes corporaciones usuarias del agua o simplemente inversores cuyo objetivo exclusivo es la obtención de beneficios las que tendrían todas las de ganar frente, por ejemplo, cooperativas o PYMEs agrícolas o pequeños agricultores.

Estamos hablando de aplicar un instrumento de mercado que está orientado a la obtención de beneficios económicos y en el que intervienen no solo actores relacionados con el agua sino también especuladores a quienes no interesa lo más mínimo la gestión eficiente del agua o la gestión de riesgos frente a su escasez, sino directamente la obtención de beneficios económicos sin importar las consecuencias para terceros. Y estos flujos especulativos representan el 90% de las transacciones en estos mercados de futuros (Hull, J., 2014, Introducción a los Mercados de Futuros y Opciones).

Aunque es verdad que el mercado de futuros de derechos del agua no será igual que el de otros productos, conviene recordar cómo los mercados han ocasionado terribles consecuencias cuando se han aplicado a productos básicos como el trigo o la soja.

En 2010, Olivier de Schutter, el entonces Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, determinó que aunque la crisis mundial de los precios de los alimentos que se produjo entre 2007 y 2008 se debió a diversos factores, una parte considerable de los aumentos y la volatilidad de los precios de los productos alimentarios solo puede explicarse por la aparición de una burbuja especulativa (ver Nota Informativa).

Y es que una gran parte de quienes operan en estos mercados no quieren mejorar la gestión del agua o alimentar a la población mundial; lo que quieren, digámoslo claramente, es ganar dinero.

Y si una de las ventajas que señalan a este mercado de derechos de uso es su influencia en la gestión más eficiente del agua (si sube el precio de los derechos de uso del agua puede incentivar a que los usuarios de agua ahorren en su consumo actual), podría ocurrir lo contrario: una bajada de precio del futuro de derechos de agua incitaría a no ahorrar en la actualidad, y ¿qué sentido tiene esto?

Concluyendo

Como ha señalado Pedro Arrojo-Agudo, recientemente nombrado Relator Especial para los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento -y, por cierto, economista-, “No se puede valorar el agua como se hace con otros productos comercializados. El agua es de todos y es un bien público. Se encuentra estrechamente vinculada a nuestra vida y medios de subsistencia, y es un componente esencial para la salud pública”.

Resulta evidente que nos encontramos ante una situación global crítica en relación con el acceso y la gestión del agua, con, según Naciones Unidas, unos 2.200 millones de personas que carecen de agua potable segura y más de 2000 millones que sufren estrés hídrico, y hasta 700 millones podrían verse desplazadas en 2030 por esta causa.

Ante esto y también en otras situaciones menos críticas pero también importantes, ¿es buena solución una herramienta de mercado como los futuros, que se encuentra fuertemente influenciada por comportamientos especulativos y cuyo objetivo es la maximización de beneficios que no tienen por qué contribuir a un uso eficiente del agua?. A partir de lo señalado anteriormente, para mí resulta evidente que no, y no es más que un intento de mercantilización de un elemento reconocido como derecho humano en lugar de buscar otras medidas basadas en un verdadero objetivo de mejora de la gestión del agua.

Si el agua se convierte en un “activo muy rentable” y escaso, será para quien pague más, y no para quien más lo necesita. No superemos esta línea roja.

Gestión pública o privada del agua: no da igual

Gestión pública o privada del agua: no da igual

Artículo de María del Mar Rivero, responsable de incidencia sobre derechos humanos al agua y al saneamiento en ONGAWA.


¿Es lo mismo una prestación pública o privada de los servicios de agua y saneamiento en lo que se refiere a proteger los derechos humanos? Según Leo Heller, Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, la respuesta es categóricamente no.

Según el Informe que acaba de presentar ante la Asamblea General de NNUU existen riesgos específicos asociados a la privatización de estos servicios a la hora de garantizar los derechos humanos. Para llegar a esta conclusión, el Relator Especial ha llevado a cabo durante los últimos meses investigaciones y consultas públicas presenciales y online a expertos del sector del ámbito jurídico, normativo, técnico y de gestión en todo el mundo. Así ha reunido evidencias de casos de vulneración de estos derechos humanos vinculados a la titularidad privada del servicio, en donde se incluyen las empresas multinacionales y nacionales y las empresas públicas con una proporción importante de acciones propiedad de inversores privados.

ONGAWA apoyó activamente la realización de la consulta pública internacional organizada por el Relator Especial para documentar y contextualizar este tema difundiendo su contenido y promoviendo la participación en todo el mundo. Además, organizó junto el propio Relator Especial, una mesa de expertos y expertas en Madrid en diciembre de 2019, con el apoyo de la Oficina de Derechos Humanos del MAEC. Como resultado, fueron muchos los actores españoles que se implicaron activamente en dicha consulta, suponiendo más del 70% de las aportaciones recibidas. Todas las aportaciones son públicas en la web oficial de la Relatoría

Los riesgos particulares de un servicio gestionado por entidades privadas surgen, según el informe, de la combinación de 3 factores: la maximización de los beneficios, el monopolio natural que caracteriza el suministro de agua y saneamiento y los desequilibrios de poder El informe analiza estos riesgos en relación a aspectos clave de los derechos al agua y al saneamiento como la asequibilidad y la sostenibilidad del servicio, la obligación de los Estados de usar el máximo de los recursos disponibles para garantizar el derecho, la rendición de cuentas y la participación, bajo el principio de no dejar a nadie atrás.

Así, el objetivo de maximización del beneficio que caracteriza al sector privado no siempre converge con los objetivos de realización del derecho al agua. Aunque en contextos determinados puede suponer un incentivo para aumentar la eficiencia y mejorar el servicio, esta práctica muestra un impacto negativo en las inversiones en mantenimiento (más evidente cuando se acerca la finalización de los contratos de concesión) y en la extensión de los servicios, especialmente para las poblaciones desatendidas de pocos recursos. Esto se debe a que, a menudo, los ingresos excedentarios de la prestación de servicios no se reinvierten en el sector, sino que se distribuyen casi en su totalidad entre los propietarios o accionistas de empresas privadas en forma de beneficios y dividendos.

También el carácter de monopolio natural de la gestión del agua y el saneamiento supone riesgos, ya que la falta de competencia facilita la captura del servicio por parte de un proveedor y dificulta la protección de los derechos de los usuarios por parte de las administraciones públicas.

En tercer lugar, el desequilibrio de poder afecta transversalmente a la tensión entre los intereses privados y la realización de los derechos humanos al agua y al saneamiento. En muchos contextos es común que las capacidades técnicas y financieras de las administraciones públicas locales responsables de la elaboración de los contratos de concesión y la regulación del servicio sean débiles y, por tanto, la negociación con proveedores privados esté condicionada por profundas asimetrías de poder. Las empresas transnacionales cuentan además con una capacidad para influir sobre los foros nacionales y globales de discusión mucho mayor que las administraciones y las comunidades locales.

Las conclusiones del Informe impugnan la neutralidad sobre el tipo de gestión – pública o privada – respecto a la realización de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Al poner sobre la mesa los riesgos específicos para estos derechos asociados a la gestión privada de los servicios, el informe obliga a Estados y Organismos Internacionales a tenerlos en cuenta en sus decisiones, y establece una completa serie de recomendaciones para hacerlo eficazmente.

El informe supone un punto de inflexión en el debate sobre la gestión de los servicios de agua de enormes consecuencias políticas. Si los procesos de privatización de las últimas tres décadas se han enmarcado en un contexto global dominado por paradigmas económicos y políticos que priorizaban el papel del mercado frente al de los Estados, el informe del Relator apuntala un cambio de tendencia expresado en los más de 300 casos de “desprivatizaciones” que se han dado en todo el mundo desde el año 2.000. 

Las reacciones sin precedentes que han acompañado la presentación del Informe a la Asamblea General de Naciones Unidas no hacen sino confirmar la profundidad política de dicha inflexión. Aquafed, la federación internacional de operadores privados de agua, cuestionó el enfoque del informe desde las primeras fases de su elaboración y llegó a enviar sendas cartas a la presidenta del Consejo de Derechos Humanos y a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos cuestionando tanto la validez del Informe como la propia legitimidad del trabajo del Relator.

La respuesta a estos ataques ha sido también contundente. Más de 100 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo apoyaron en una carta el trabajo y el informe del Relator, y seis expertos independientes de la ONU, actuales y ex Relatores Especiales de Derechos Humanos, firmaron una declaración conjunta contra la mercantilización de los servicios públicos.

El informe sobre privatización fue el último del mandato de Leo Heller como Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos al Agua y al Saneamiento. Desde noviembre ha asumido sus funciones como nuevo Relator Especial el español Pedro Arrojo, que también tiene entre sus prioridades “prevenir, desde la participación ciudadana y la transparencia, los riesgos para estos derechos humanos derivados de hacer del agua un negocio”. Para hacerlo, cuenta también con el apoyo de la sociedad civil, porque priorizar los derechos y los bienes públicos frente a intereses privados no es una cuestión de sesgos ideológicos sino una consecuencia del marco de Derechos Humanos.

Buenas prácticas para los Derechos al agua y al saneamiento en América Latina

Buenas prácticas para los Derechos al agua y al saneamiento en América Latina

A pesar de los avances realizados en la región en las últimas décadas, el ejercicio de los derechos al agua y al saneamiento en América Latina está aún lejos de ser universal. Lograr antes de 2030 el acceso universal a agua y saneamientos seguros, comprometido en el sexto Objetivo de Desarrollo Sostenible, exigirá todavía importantes esfuerzos políticos y la implicación de todos los actores sociales. El reto es todavía mayor en las zonas rurales de la región, en las que solo el 40% de la población cuenta con acceso a agua gestionada de forma segura, y un 30% ni siquiera cuenta con un saneamiento básico.

El aprendizaje y la generación de conocimiento son claves para orientar la acción y avanzar hacia el objetivo compartido del acceso universal al agua y al saneamiento. El Manual Derechos al agua y al saneamiento: servicios públicos universales, realizado por ONGAWA y editado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el apoyo de la Cooperación Española a través del Aquafund, recopila 48 buenas prácticas y ejemplos de acciones concretas y actuales, protagonizadas por actores de la región, que pueden servir de orientación a la hora de llevar a la práctica los derechos humanos al agua y al saneamiento (DHAS).

La naturaleza de esta colección de buenas prácticas es muy variada: desde la elaboración de un plan nacional de saneamiento a la ejecución de un proyecto de agua potable en una comunidad rural indígena o a la descripción de un modelo de asignación de subvenciones con base en los estratos socioeconómicos de una gran ciudad. Todas ellas tienen en común que inciden en la implementación de uno o más de los criterios que definen los DHAS, como son la disponibilidad, la accesibilidad, la asequibilidad, la aceptabilidad social y cultural y la calidad del agua o seguridad de las instalaciones de saneamiento.

El Manual centra su atención además en la población más vulnerable de la región – comunidades indígenas, colectivos de mujeres, grupos marginados, personas con discapacidad, personas en condición de pobreza, entre otros – con el objetivo de aportar directrices de cara a facilitar la reducción de las desigualdades, elemento esencial en la concepción de los ODS y uno de los mayores retos que afronta la región de América Latina y caribe para el cumplimiento de la Agenda 2030.


Derecho al agua y al saneamiento: servicios inclusivos universales

María del Mar Rivero, Gonzalo Marín | 2020

Guía para la incorporación de los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento en los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo

Guía para la incorporación de los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento en los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo

Hemos elaborado una Guía con el objetivo de orientar y facilitar la incorporación de los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento (DHAS) en las intervenciones de cooperación al desarrollo. Esta publicación se dirige principalmente a gestores/as de proyectos y profesionales del sector que participen en cualquier fase (diseño, ejecución, seguimiento y evaluación) de todo tipo de intervenciones en el ámbito del agua, el saneamiento y la higiene.

El contenido de la Guía ha sido elaborado a partir de indicaciones extraídas de los Informes Técnicos de los/as Relatores/as Especiales de Naciones Unidas para los DHAS, así como de la experiencia acumulada por ONGAWA en sus casi 30 años de experiencia en América Latina, Centroamérica y África. Incluye más de 60 orientaciones organizadas en 8 bloques temáticos que pueden ayudar a incorporar las categorías que definen estos derechos humanos (la accesibilidad, la disponibilidad, la calidad, la asequibilidad y la aceptabilidad) en los proyectos de cooperación al desarrollo, desde el respeto a los principios de universalidad, igualdad y no discriminación, participación, transparencia, rendición de cuentas y sostenibilidad.

La Guía para la incorporación de los DHAS en los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo ha sido realizada con financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), en el marco de un proyecto de Formación e Investigación enfocado al fortalecimiento de capacidades y el manejo de herramientas prácticas de los/as agentes andaluces de cooperación en la implementación de los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, compartiendo buenas prácticas y lecciones aprendidas.

La higiene se hace mayor: la importancia de dispositivos de lavado de manos adaptados.

La higiene se hace mayor: la importancia de dispositivos de lavado de manos adaptados.

Si bien siempre se dice que el saneamiento es el hermano pequeño en el sector del agua, la higiene muchas veces ni siquiera aparece en la ecuación. Esta crisis provocada por la COVID-19 ha puesto en el centro la importancia de la higiene como elemento barrera, no sólo para el virus del SARS-CoV-2, sino para la transmisión de otras muchas enfermedades infectocontagiosas.

Mucho se ha hablado de la importancia de lavarse las manos para frenar la transmisión, pero no lo suficiente sobre cómo, en ciertos contextos, la respuesta no es tan sencilla ni inmediata. En la región del Saint-Louis, al norte de Senegal, con una población aproximada de 1 millón de habitantes,  a la inseguridad alimentaria severa con sequías recurrentes se suma la escasez de infraestructuras hídricas en zonas rurales, la falta de recursos para acceder al jabón (más de la mitad de la población vive con menos de 1€ al día) o la necesidad de dispositivos adecuados para poder tener acceso a un gesto “tan simple” como lavarse las manos*.

Y es que dispositivos hay muchos pero asequibles para la población con menos recursos, que cumplan las condiciones de higiene y adaptados al lugar hay pocos, o más bien ninguno. A esto se suma la subida de precios de los dispositivos prefabricados generada por el aumento de la demanda o para sacar partido a la situación, la ruptura de la cadena de suministro (especialmente en las zonas rurales), muchas veces incompleta por las restricciones derivadas del confinamiento, la falta de diseños adaptados y asequibles para los artesanos locales, etc. 

Concretamente, en la comuna rural de Guédé Village (al norte de Senegal en el departamento de Podor de la Región de St Louis) de los 28 puestos de salud existentes, el 75% no tienen ningún dispositivo lavamanos. En la comuna rural de Doumga Lao (también en el departamento de Podor) la situación es aún más crítica: ningún centro de salud o consultorio dispone de sistema de lavado de manos.**

Con estos datos, el equipo del programa GAWDI  – programa de desarrollo que ONGAWA lidera en la zona con la financiación de la Cooperación Española y la colaboración de Fundación Musol y la ONG senegalesa ONG3D – nos lanzamos, junto con los servicios técnicos y los artesanos locales, a compilar todos los aprendizajes sobre higiene y dispositivos de lavado de manos, para crear «EL DISPOSITIVO»: ese que para replicarlo no hace falta ni preguntar. Diseñado con materiales y herramientas disponibles en la zona: hierro corrugado, dos cubos y una correa para el pedal.

El lavamanos está pensado para minimizar el contacto usuario-dispositivo para evitar contaminaciones, cosa que ocurre con la mayoría de los dispositivos disponibles en el mercado. En lugar de un grifo hay un pedal que a través de la correa inclina la manguera para que salga el agua. Esta tecnología, aparentemente simple y obvia, es la que marca la diferencia entre tener un dispositivo de lavado de manos y un dispositivo de lavado de manos mejorado. Que si bien en el sector no se habla en estos términos, quizás deberíamos empezar a hacerlo.

Por supuesto, la tecnología nunca es la solución por sí sola, sólo el detonante. Cada uno de estos lavamanos va acompañado de una campaña de promoción de la higiene y cambios de comportamiento, liderada por personal sanitario y animadores comunitarios.

Implicar a los diferentes servicios técnicos, al personal sanitario y a los artesanos locales forma parte de la estrategia comunitaria de mantenimiento “de la infraestructura”, al motivar la apropiación de la gestión por parte de la administración y los trabajadores sanitarios y asegurar repuestos de bajo coste y replicabilidad del sistema gracias a los artesanos locales. 

En la segunda fase de la estrategia, prevemos ubicar los lavamanos en los colegios cuando éstos se reabran para que los más pequeños también sean partícipes de los cambios de hábitos y formen parte de la cadena de transmisión del conocimiento.

Tendremos que admitir que, por lo menos, esta crisis ha servido para poner en el centro la importancia de la higiene.

* Datos sacados de la formulación para el programa GAWDI: convenio de cooperación para el desarrollo de la Agencia Española de Cooperación para el desarrollo titulado: “Mejorar la situación nutricional de la población del Departamento de Podor facilitando el acceso al agua potable, el saneamiento, la higiene y la alimentación mediante una intervención WASH sensible a la nutrición y a través del fortalecimiento de capacidades y la concertación de actores”.

**Datos propios: a partir de las fuentes compartidas por el distrito sanitario del departamento de Podor en abril 2020.

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