La reforma docente, clave para el futuro educativo de España
El Movimiento 4.7 publica propuestas concretas en el marco del proceso de consulta abierto por el Ministerio de Educación. La red, formada por 41 entidades del ámbito educativo, pide consolidar la Educación para el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Global dentro del sistema educativo.
El Movimiento 4.7, del que ONGAWA forma parte, ha presentado su posicionamiento ante el proceso de reforma de la profesión docente que actualmente está impulsando el Ministerio de Educación. La red —que aglutina a 41 organizaciones y 44 profesionales del ámbito educativo comprometidos con la consecución de las metas educativas de la Agenda 2030— ha publicado un conjunto de propuestas concretas para conseguir que la Educación para el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Global (EDSCG) se consolide como un eje estructural del sistema educativo español.
Para el Movimiento 4.7, la reforma abierta supone una oportunidad decisiva para fortalecer la profesión docente y situarla en el centro de un proyecto educativo coherente con los desafíos del siglo XXI, ya que las decisiones que se adopten ahora condicionarán la calidad educativa de las próximas décadas. Un proceso que debe abordar de forma estructural no solo la formación inicial del profesorado, sino también el sistema de prácticas y el desarrollo profesional a lo largo de la carrera.
“La reforma docente puede ser la mejor ocasión en años para alinear de forma coherente los fines educativos que perseguimos con las políticas que los pueden hacer posibles. Y es que somos muchas las personas, entidades e instituciones que reconocemos la importancia que tiene y puede tener la EDSCG, pero es ahora cuando debemos dar un paso más y comenzar a traducir estos principios en medidas concretas”, afirma Eduardo Ochoa de Aspuru Gutiérrez, docente y miembro del equipo coordinador del Movimiento 4.7.
Este recurso estratégico del Movimiento 4.7 funciona como una hoja de ruta técnica para la interlocución política, orientada a garantizar que la Educación para el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Global se consolide como un eje estructural del sistema educativo español.
Del consenso en valores a la acción transformadora
El Movimiento 4.7 recuerda que existe un amplio consenso social en torno a la necesidad de una educación orientada a la justicia social, la sostenibilidad, la igualdad de género, los derechos humanos y la participación democrática. Sin embargo, advierte que este acuerdo debe reflejarse de manera explícita en la formación docente inicial y permanente y no puede quedarse en declaraciones sin intención.
Entre sus principales propuestas, la red plantea tres cambios estructurales: integrar la ciudadanía global de forma obligatoria y evaluable en todas las asignaturas; reformar el perfil docente para que el profesorado esté preparado para abordar en el aula retos como la emergencia climática, la desinformación o la polarización social; y garantizar que esta formación esté presente desde la universidad hasta la formación permanente.
En concreto, el Movimiento 4.7 propone que la formación en ciudadanía global comience desde el primer curso de los grados de Educación Infantil, Primaria y Pedagogía, se consolide en el Máster de Formación del Profesorado y esté presente en las prácticas. Asimismo, reclama una oferta estable y acreditada de formación permanente, reconocida oficialmente y vinculada al desarrollo profesional.
Además, plantea la creación de una figura referente en cada centro educativo que impulse este enfoque de manera transversal y coordine al equipo docente para integrarlo en el proyecto educativo. Un trabajo colaborativo que buscaría también preparar al profesorado para fomentar entre el alumnado el pensamiento crítico, la alfabetización mediática, la convivencia intercultural y la participación democrática.
La reforma educativa actual no debe ser solo un debate técnico, afirman desde el Movimiento 4.7, ya que la educación no es neutra ni ajena a los desafíos globales actuales, por lo que “la reforma docente no puede limitarse a ajustes administrativos. Requiere una visión a largo plazo que permita tomar decisiones coherentes con los retos contemporáneos y futuros”, señala Lucía Rodríguez, Responsable del Departamento de Incidencia Política de la ONG Entreculturas y miembro del grupo de trabajo de Incidencia del Movimiento 4.7.
La educación como derecho y bien común
El Movimiento 4.7 subraya que la educación es un derecho humano reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo que compromete a los Estados a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Una meta, que también se recoge en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, cuya consecución pasa de forma imprescindible por fortalecer la profesión docente, incorporando conocimientos que impulsen la cohesión social y la construcción democrática.
“La reforma de la profesión docente es una oportunidad histórica. Si queremos una educación que forme ciudadanía crítica, comprometida y capaz de afrontar los retos globales, necesitamos docentes con una formación sólida, un acompañamiento continuo y un reconocimiento social real. Es una decisión estratégica de país”, afirma Eduardo Ochoa de Aspuru Gutiérrez, miembro del equipo coordinador del Movimiento 4.7.
Un proceso que, según defiende la red, debe garantizar transparencia y abrirse a la participación de la comunidad educativa, la sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto, ya que “la reforma docente no es una cuestión técnica: es una decisión que marcará el modelo educativo de España durante las próximas décadas que requiere de corresponsabilidad, valentía política y un consenso social”, tal y como afirma Aspuru Gutiérrez.
SOBRE EL MOVIMIENTO 4.7
El Movimiento 4.7 es una red estatal de incidencia política y educativa comprometida con el cumplimiento de la meta 4.7 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que promueve que todo el alumnado adquiera los conocimientos y competencias necesarios para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global. Está formado por 41 organizaciones sociales y educativas de ámbito estatal y autonómico y 44 profesionales del ámbito educativo, procedentes de universidades, centros educativos y entidades sociales, que trabajan de manera coordinada para impulsar cambios estructurales en las políticas educativas y fortalecer la formación del profesorado desde una perspectiva de justicia social, sostenibilidad y derechos humanos.