Lo que los datos oficiales no cuentan del acceso al agua en zonas rurales de Senegal
Publicamos el primer estudio exhaustivo sobre el estado de los derechos humanos al agua y al saneamiento en las zonas rurales de Senegal, en colaboración con la plataforma de ONGs senegalesas de agua y saneamiento (POSCEAS) y pS-Eau Réseau Sénégal.
Hay una cifra que Senegal presenta con orgullo: más del 80% de la población rural tiene acceso a fuentes mejoradas de agua potable. Es un logro real, fruto de décadas de inversión pública y reforma institucional. Pero cuando el equipo investigador llegó al terreno, encontró una realidad bastante más compleja y con amplio margen de mejora.
Porque acceso no es lo mismo que derecho. Y esa distinción es precisamente lo que este estudio pone en el centro.
Cómo se hizo el estudio
El trabajo, coordinado y dirigido por las investigadoras Elena de Luis Romero (Coordinadora/Directora del estudio) y Ana Ruiz Verdugo, combina análisis documental riguroso e investigación de campo. Durante varias semanas el equipo recorrió ocho regiones del país seleccionadas para reflejar distintas fases de la reforma del sector hídrico rural. Se realizaron más de 47 entrevistas con actores institucionales, técnicos y de organizaciones de la sociedad civil, y se visitaron más de 13 comunidades, dialogando directamente con mujeres, jóvenes, líderes comunitarios y gestores de sistemas de agua.
El trabajo fue encargado por ONGAWA en el marco del convenio que ejecuta con AECID junto a MUSOL y ONG3D, y contó con el acompañamiento de organizaciones de la POSCEAS: EAU VIVE SENEGAL, FONDATION ACRA, ENFANCE ET PAIX, ASPRODDEL, GADEC y WORLD VISION. El Comité de Supervisión, integrado por ONGAWA, POSCEAS y pS-Eau Réseau Sénégal, ha acompañado y orientado el proceso desde el inicio.
El estudio pretende aportar una imagen detallada de la situación del sector así como aportaciones al gobierno de Senegal, al mandato del Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento y a otras organizaciones interesadas.
Lo que las cifras oficiales no desagregan
La tasa nacional de acceso al agua mejorada en zonas rurales oculta fracturas profundas. En regiones como Sédhiou y Kolda, el acceso cae al 49-50%, con una dependencia mayoritaria de pozos sin protección. Aplicando la escala del Joint Monitoring Programme —que mide si el agua es segura, está disponible cuando se necesita y no requiere más de 30 minutos de desplazamiento—, más de 4 de cada 5 personas en zonas rurales no tiene un acceso seguro.
La calidad del agua representa otro desafío urgente. Diversas regiones presentan contaminación por flúor o hierro; en las zonas costeras del sur, la salinización es un problema creciente; y la contaminación bacteriológica afecta tanto a pozos no protegidos como, en muchas ocasiones, a los sistemas protegidos durante el almacenamiento y transporte. El resultado: el 87,4% de los hogares rurales consume agua que puede estar contaminada.
El derecho humano al saneamiento, aún más invisibilizado en las políticas públicas, está en una situación todavía más precaria. Casi el 20% de la población rural practica todavía la defecación al aire libre, con porcentajes notablemente más altos en regiones como Kaffrine, Kolda o Kédougou. Y el 62,9% de los hogares rurales con letrinas nunca las vacía adecuadamente, generando riesgos sanitarios y de contaminación de fuentes de agua cercanas.
Una reforma estructural con resultados desiguales
Senegal ha impulsado una reforma del sector hídrico rural que es, en su diseño, pionera en el continente africano. Desde 2014, el modelo de Delegación de Servicio Público (DSP) transfiere la gestión del agua a operadores privados supervisados por la Oficina de Perforaciones Rurales (OFOR). En algunos territorios ha mejorado la profesionalización del servicio. Pero el estudio documenta también sus límites: implementación fragmentada y desigual, infraestructuras obsoletas, ausencia de tarifas sociales y mecanismos de protección para los hogares más vulnerables, así como una participación comunitaria que ha sido insuficiente.
La tarifa oficial supone una carga económica difícil de asumir para muchas familias en regiones con altos índices de pobreza. Algunos hogares destinan hasta el 10% de sus ingresos al pago del agua, y en épocas de menor actividad agrícola, cuando los ingresos caen, optan por fuentes insalubres para evitar el coste. No por ignorancia, sino por imposibilidad real.
A esto se suma una brecha estructural de género: las mujeres, principales gestoras del agua en el ámbito doméstico, están prácticamente ausentes de los comités de gestión y los espacios de decisión del sector. Esta exclusión evidencia una carencia de equidad y también limita la efectividad de las políticas.
Hacia un enfoque integral de derechos
El estudio no se queda en el diagnóstico. El equipo investigador identifica palancas concretas de cambio: armonización tarifaria y creación de mecanismos de protección social para los hogares más vulnerables; integración real de agua, saneamiento e higiene en una estrategia coordinada; fortalecimiento de la participación comunitaria, especialmente de las mujeres; y mejora de los sistemas de información con datos desagregados por territorio, género y nivel de pobreza.
La conclusión central es clara: ningún modelo de gestión —privado, público o comunitario— puede por sí solo resolver la complejidad del sector. Lo que hace falta es un marco institucional anclado en los derechos humanos, capaz de adaptar las soluciones a cada territorio y de poner a las comunidades en el centro.
Para ONGAWA, los hallazgos de este estudio refuerzan una convicción: la mejora del acceso al agua y al saneamiento en las zonas rurales de Senegal no pasa por profundizar en la lógica de mercado, sino por fortalecer marcos de derechos, garantizar la participación real y equitativa de las comunidades y asumir que el agua es un bien común, no una mercancía.
Este estudio ha sido financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Su contenido es responsabilidad exclusiva de ONGAWA y no refleja necesariamente la posición oficial de AECID.
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