Saneamiento rural. Retos y propuestas desde los derechos humanos


El saneamiento fue reconocido por Naciones Unidas en 2015 como un derecho humano. Sin embargo, actualmente casi 2000 millones de personas carecen en el mundo de acceso básico al saneamiento, y el 66% de ellas viven en el ámbito rural, que también concentra al 92% de las personas que practican la defecación al aire libre.

A pesar de ello, en la actualidad el saneamiento rural no es una prioridad de los gobiernos ni de los donantes, y en muchas ocasiones las acciones que se impulsan se enfrentan a numerosos retos que no siempre se tienen en cuenta o no son fáciles de superar.

Este informe pretende aportar luz sobre los principales retos a los que se enfrenta el saneamiento rural desde una perspectiva de los derechos humanos. Para ello, se ha partido del contenido normativo del Derecho humano al saneamiento reconocido por Naciones Unidas y se ha tomado como referencia los informes oficiales de los Relatores Especiales sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento desde sus mandatos establecidos por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Su contenido ha sido fruto de un proceso impulsado por ONGAWA de reflexión e intercambio de experiencias en el que se han implicado expertos y expertas en saneamiento rural de distintas partes del mundo. Teniendo siempre presente la íntima relación y dependencia del saneamiento y la higiene con el contexto, se ha realizado un ejercicio de consenso sobre los principales retos asociados al saneamiento y la higiene desde un enfoque de derechos humanos a los que se enfrentan diariamente millones de personas en el área rural de países empobrecidos en las distintas partes del mundo.

En base a estos hallazgos, se presenta una serie de propuestas en distintos ámbitos de acción que pueden ayudar a superar los retos señalados.

Saneamiento rural: retos y propuestas desde los derechos humanos

Autores: Alberto Guijarro y María del Mar Rivero
ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo Humano

Este informe ha sido elaborado con la financiación de la Oficina de Derechos Humanos de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

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